martes, diciembre 18, 2018

Autoridades dan a conocer Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana

Ejemplo de esta nueva normativa son Chinchorro Norte I y II que ya tienen un 20 por ciento de avance.

En plenas obras del Conjunto Habitacional Chinchorro Norte I y II que ya cuentan con un 20 por ciento de avance y que son la cara visible de esta nueva política en la región, el intendente(s) Raúl Gil; el seremi de Vivienda y Urbanismo, Giancarlo Baltolu y la directora(s) de Serviu, Nancy Araya dieron a conocer las implicancias del proyecto de ley de Integración Social y Urbana para la ciudad y región.

El intendente (s) destacó que “el proyecto de la integración social presentado por el Presidente Sebastian Piñera y el ministro Cristian Monckeberg, tiene por objetivo soluciones habitacionales y ciudades más amigables; con un enfoque  distinto a lo que existe”. Agregó que “queremos que la gente  pueda vivir en condiciones mejores con áreas verdes, conectividad, accesibilidad universal, servicios aledaños, tal como se está ejecutando en este proyecto que hoy visitamos”.

Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Giancarlo Baltolu expresó que la integración social es una de las principales líneas de acción del ministerio.  Es una guía para el trabajo de la cartera a través de sus ejes  de proyectos urbanos habitacionales, atención a sectores medios, recuperación de barrios históricos, parques urbanos, regeneración de conjuntos habitacionales, proyectos urbanos emblemáticos y promover la movilidad social.

Baltolu enfatizó que “el proyecto de ley contempla el sello de la gestión ministerial y consolida una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno que promueven la construcción de viviendas con integración social como Chinchorro Norte I y II, además de las 880 anunciadas para el próximo año en nuestra ciudad y que son parte de tres nuevos conjuntos habitacionales que se levantan al alero de lo que será esta norma”.

En tanto la directora(s) de Serviu, Nancy Araya recordó que este es un condominio social que comprende 544 familias beneficiarias,  proyecto que se desarrolla en dos etapa, Chinchorro Norte I y II, cada uno con 272 departamentos y que ya cuentan con un 20 por ciento de avance. La autoridad explicó que del total de departamentos, el 20 por ciento está destinado a beneficiarios que no excedan al 60 por ciento  del registro social de hogares.

Nuevo Ministerio

Uno de los cambios de la ley que entró a discusión al Congreso, es el nombre y nuevas atribuciones de la cartera ministerial que pasará a llamarse Ministerio de Ciudad y Vivienda, relevando así la importancia de las urbes y su planificación. Además, se le conferirá a la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Ciudad y Vivienda, y a las Secretarías Regionales Ministeriales, la supervigilancia sobre los instrumentos de planificación territorial para facilitar el desarrollo de proyectos de integración social.

Mientras que en material de integración social y urbana será el motor del nuevo ministerio. La idea es avanzar hacia la integración social y densificar las zonas de desarrollo urbano. Es así como las áreas donde hay fuerte inversión estatal, serán espacios donde se promoverá la densificación equilibrada e integrada socialmente.

Se estipula también, la creación de “zonas de integración urbanas”, en otras palabras, espacios en los que —pese a tener un plan regulador restrictivo que no permita la densificación— se establecerán beneficios normativos que podrán aplicarse siempre que sea para el desarrollo de proyectos de viviendas integradas.

A ello se suma, que en estas zonas se incentivará también el desarrollo urbano de usos mixtos. Es decir, además de los conjuntos habitacionales integrados, se buscará generar servicios, equipamiento, parques u otros espacios que se estimen necesarios para cualquier área de la zona decretada.

Otro aspecto que destaca es facultar a planes reguladores intercomunales para que también puedan establecer Zonas de Integración Urbana.  La normativa implicará una nueva política de “Arriendo Protegido”, que considera la construcción de viviendas para el Arriendo Protegido, propiedades que serán construidas y administradas por entes privados para ser habitadas por beneficiarios de subsidios de arriendo.

Para llevarla a cabo, se facultará a los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) para concesionar, mediante licitación pública, el uso y goce de terrenos de su propiedad, bajo la condición de contemplar un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo. Una vez finalizada la concesión, el terreno y las viviendas serán restituidos a Serviu, lo que permitirá capturar la plusvalía de tales terrenos y las viviendas construidas ahí.

Y uno de los últimos aspectos relevantes, es el fortalecimiento de la fiscalización y modificar las prohibiciones a viviendas sociales.

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